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Por Ezequiel Bados
para los que tienen miedo vamo’ arriba, tengan fe.
Pa’ los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue.Potosí, La Vela Puerca.
Luego del proceso de nacionalización de los recursos naturales en el 2006, que funcionó como punto de partida y condición de posibilidad para el crecimiento exponencial de la economía boliviana[1], la intención de reformar la estructura política del país hermano resultó en el referéndum nacional en el mismo año sobre las autonomías departamentales, cuyo resultado poseía un carácter vinculante a la Asamblea Constituyente. Lo que reluce de dicho referéndum es la observación de un territorio fuertemente dividido: por un lado, los departamentos que contestaron por la negativa a la autonomía (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba); por el otro, los departamentos que respondieron por la positiva (Pando, Tarija, Beni, Santa Cruz). A estos últimos se les conoció en aquel entonces como la “media luna”; sostenían una oposición inapelable al gobierno moralista en defensa de la autonomía departamental. El protagonismo de la “media luna” creció de manera exponencial en los años que le siguieron al referéndum (llegando sus líderes departamentales a no participar en las instancias de elaboración constitucional de los resultados asamblearios). Cabe destacar que la nueva Constitución sancionada en diciembre del 2007 fue puesta a referéndum nacional, optando la población por un voto positivo significativamente mayoritario, lo que resultó en el surgimiento del Estado Plurinacional de Bolivia[2]. Las disputas políticas entre el gobierno boliviano y los departamentos autonomistas nucleados en la “media luna” fueron escalando violentamente hasta el referéndum revocatorio –en donde volvió a triunfar Evo Morales con el 67% de los votos– y desembocó en el conocido “Golpe Cívico-Prefectural” –caracterizado por hechos de violencia paramilitar, toma de instituciones públicas y la insistencia de una división entre una Bolivia oriental (autonomista) y occidental (oficialista)–. La “masacre de Porvenir” (enfrentamiento entre bandas paramilitares costeadas por los departamentos autonomistas y comunidades campesinas del departamento de Pando) es uno de los acontecimientos más crudos y relucientes de este intento de golpe. Gracias al apoyo sostenido por parte de la UNASUR, el gobierno boliviano pudo apaciguar el conflicto social e impedir que se consolidara el intento de golpe en aquella oportunidad. No es casual que para este mismo año (2008) en nuestro país hayamos sido testigos de las protestas patronales agroindustriales al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso más, si observamos la concatenación de acontecimientos acaecidos en territorio latinoamericano, entre intentos de golpe, golpes, y radicalización de crisis internas en los países (Venezuela, 2002[3]; Haití, 2004[4]; Argentina y Bolivia, 2008[5]; Honduras, 2009[6]; Paraguay, 2012[7]; Brasil, 2016[8]) podemos notar que el patrón es más que elocuente y tiene su denominador común: los Estados Unidos.La injerencia de la USAID[9] en Bolivia marca sólo un síntoma de una política de colonización sostenida por los Estados Unidos desde hace siglos sobre todo el territorio latinoamericano[10]. Según una investigación publicada por Eva Golinger[11], la oficina destinó 97 millones de dólares en proyectos de descentralización y autonomía regional, convirtiéndose en la principal entidad financiera de la “media luna”. La utilización de organización gubernamentales y no gubernamentales para la financiación de proyectos que atentan contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos y justifican, en el plano de la cultura, la injerencia política y militar (interrumpiendo, incluso, gobiernos democráticamente electos como el de Evo Morales) es un clásico en la estrategia de política exterior estadounidense. Basta con señalar, a título de ejemplo histórico, la importancia de las capacitaciones a los “Chicago Boys” por la Universidad de Chicago en la década de los 70s y el protagonismo del diario “El Mercurio” en el marco del golpe de estado a Salvador Allende en 1973 (cfr. La doctrina del shock, Naomí Klein). Estas mismas oficinas también fueron responsables de participar financiera y políticamente en varios de los acontecimientos señalados líneas más arriba (el intento de golpe a Chávez y las protestas patronales del sector agroindustrial en nuestro país, sólo por nombrar dos ejemplos). Estas oficinas operan, sobre todo, a través del aprovechamiento de los conflictos internos que caracterizan a estas regiones –que en gran medida son, al mismo tiempo, consecuencia de las políticas coloniales que han sufrido durante los últimos siglos– para radicalizar la polaridad social y manejarla como un dispositivo legitimador del intervencionismo directo o indirecto. A tal caso, se debe comprender que el énfasis que existe de caracterizar a los acontecimientos actuales como una cuestión religiosa (católicos contra indígenas), o de clase (ricos contra pobres), incluso hasta la misma caracterización clásica oriente (autonomista) contra occidente (oficialista), es, en parte, el resultado de un proceso cultural que está siendo aprovechado por el intervencionismo estadounidense para desviar el tema de conversación. No porque ese conflicto no exista y no haya sido subrayado, fomentado e incluso financiado por las oficinas de la USAID. Al contrario, justamente porque esos conflictos existen y porque a su vez son radicalizados por la injerencia de las oficinas gubernamentales y no gubernamentales podemos percibirlos como un síntoma de los objetivos que los departamentos de política exterior estadounidense tienen. En la Estrategia de Seguridad Nacional trazada por el presidente Donald Trump en el 2017 se le otorga alta prioridad al conflicto interimperialista con China y Rusia en la región[12]; Estados Unidos no debe perder primacía en la región latinoamericana, entre otros medios posicionándose como país líder en tecnología, invención e innovación y afirmando el predominio energético. En un contexto en donde los combustibles fósiles se encuentran en una etapa crítica y comienzan a explorarse los beneficios de las energías alternativas sustentables y la energía eléctrica, yacimientos minerales como el litio y el coltán se convierten inmediatamente en tesoros energéticos estratégicos en pos de cómo se cree que se organizará el panorama energético a corto plazo[13]. En este sentido, la intención por parte del gobierno de Evo Morales de explotar de manera nacional los yacimientos de litio ubicados en Uyuni[14] es una ofensa equivalente a la que el Paraguay le produjo a Inglaterra al no aceptar su industria metalúrgica y desembocó en la Guerra de la Triple Alianza[15]. Siendo el suroeste de Bolivia, el norte chileno y el noroeste argentino el yacimiento más grande de litio en el mundo (70% del total de litio a nivel global) el hecho de que sólo una parte del litio boliviano sea económicamente viable (puesto que sus costos de producción son mayores que en Argentina y Chile debido a sus condiciones geográficas) el punto estratégico de dominar Bolivia e impedir proyectos de nacionalización energética tiene un valor inconmensurable. Sea cual sea la excusa que se utilice (la religión, el comunismo, la constitución, la corrupción, etcétera) por un lado o por el otro la injerencia de la bota estadounidense en un contexto de disputa mundial con China por el sur de nuestro continente es evidente. En concomitancia, los intereses de poseer hegemonía territorial en la triple frontera paraguaya-brasilera-argentina (sitio en el que actualmente se encuentra uno de los acuíferos más grandes del mundo) terminan por completar la pintura.Por otro lado, aunque correspondientemente, la maquinaria productora de significados sociales que opera sistemáticamente en todo sistema colonial, se posa sobre la cuestión de género/raza/clase como un elemento organizador de los derechos sociales. En este sentido, Bolivia no es la excepción. La intención de producir, en el orden del discurso, una interpretación de la sociedad boliviana en compartimentos estancos (blancos católicos, por un lado; indígenas, por el otro) en donde se sostiene, antes que un conflicto económico, la puja por la hegemonía religiosa es parte de los eslabones que componen la gran cadena de eventos coloniales. Así como en el Medio Oriente la injerencia estadounidense se caracterizó por radicalizar y financiar los conflictos religiosos fundamentalistas, en América del Sur se busca empujar, a través de los medios de comunicación masivos, una lógica similar. Es decir, es también parte del proceso colonial la producción de cuáles van a ser las interpretaciones que van a tener legitimidad en la lectura de los acontecimientos políticos (descartando a todas las demás bajo los múltiples rótulos de deslegitimación occidentales como “falsa”, “conspirativa”, “tendenciosa”, etcétera). El objetivo final no sólo es delimitar cuáles de estas explicaciones van a imprimirse a fuego en los libros de historia liberal y a reproducirse en las instituciones educativas sino también cristalizar la jerarquía social basada en género/raza/clase y naturalizarla a un nivel del inconsciente colectivo. Esta configuración, que se expande a pasos agigantados a través de los aparatos de compulsión comunicacional, sirve como dispositivo legitimador del movimiento latinoamericano hacia la derecha que se puede observar en la última década[16]. El golpe en Bolivia no es sólo un golpe de Estado sino también (y sobre todo) un golpe al pueblo[17]: hacia la dignidad del pueblo boliviano plurinacional, feminista y revolucionario; otro más de los modos de volver a enterrar al pueblo que lucha en la profundidad del socavón. El aprovechamiento de los conflictos internos para producir realidades que legitimen la intervención militar de los Estados Unidos es, a estas alturas, una estrategia clásica. El golpe de Estado en Bolivia es un resultado preparado por el departamento de política exterior estadounidense que volvió a poner bajo sus intereses el territorio latinoamericano (luego de una pequeña tregua[18]) con la finalidad de sostener la hegemonía de recursos energéticos para las nuevas tecnologías que se aproximan a velocidades descomunales. Un golpe de Estado que se consigue con el aprovechamiento y la radicalización de los conflictos internos financiando a los departamentos separatistas y apoyando su escalada de violencia hasta concretar, FFAA en mano, el despojo del Palacio en La Paz bajo el nombre de “Cristo”[19]; un Cristo que, en cualquier momento, será el dibujo de los billetes de 100 dólares. Lo que está en juego no es sólo el puesto del sillón presidencial sino la propia autonomía y dignidad del pueblo boliviano. Es necesario construir una red de apoyo solidario continental entre todos los pueblos latinoamericanos para impedir que siga funcionando la máquina colonial-extractivista. El pueblo unido será vencedor.
[1] La suba del PBI nacional entre 2006-2015 de un 5% promedio junto con la aplicación de políticas sociales como la entrega de bonos a los niños y a personas de tercera edad (Renta Dignidad), programas de alfabetización, facilidad del acceso a la tierra y servicios básicos para sectores vulnerables, reducción de la pobreza y del porcentaje de desempleo, son solo algunos de los aspectos más sobresalientes de los derechos obtenidos en el gobierno encabezado por Evo desde el 2005 en adelante (cfr. BoliviaLeaks, Juan Ramón Quintana Taborga (coord.) Biblioteca Digital CLACSO, 2016).
[2] No hace falta extenderse en las consideraciones importantísimas que esta Constitución tiene para el territorio boliviano, desde el mismo hecho de autoproclamarse como “Estado Plurinacional”, visibilizando a todas las comunidades que fueron sistemáticamente perseguidas y solapadas por los distintos mecanismos coloniales durante toda la historia del territorio latinoamericano. Este dato es fundamental para entender parte de lo que se va a exponer a continuación.
[3] Intento de golpe al gobierno de Hugo Chávez.
[4] Agudización de la crisis económica haitiana que derivó en el derrocamiento de Jean Aristide, presidente elegido constitucionalmente por el voto popular.
[5] Los casos mencionados.
[6] Golpe de Estado.
[7] Golpe de Estado a través del poder judicial (“impeatchment”). Aquí se inaugura lo que posteriormente se dio a conocer como una modalidad institucional de golpe: “el golpe a la paraguaya”. Dicho caso se repetirá años después en Brasil.
[8] Golpe de Estado a través del poder judicial (golpe “a la paraguaya”).
[9] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development).
[10] En donde el famoso “Plan Cóndor” es una demostración, entre otras.
[11] Ver nota “Usaids silent invasión in Bolivia”: https://nacla.org/news/usaids-silent-invasion-bolivia (consultada 17/11/2019).
[12] Ver https://www.elcohetealaluna.com/la-guerra-al-malon (Consultado el 17/11/2019)
[13] El camino del coltán es una travesía larga y explícita para ver el modo en el que funciona el capitalismo globalizado: comienza con la explotación de minas sudafricanas, se sostiene en factorías chinas y se vende en comercios primermundistas todo bajo el vestido del trabajo esclavo o semiesclavo. https://www.elmundo.es/internacional/2013/12/19/52b26b8d22601db4288b4579.htmlhttps://www.lainformacion.com/mundo/foxconn-la-fabrica-de-apple-en-la-que-los-trabajadores-se-suicidan_oidt8CTkyBlc0HDAhTYL15/
[14] “Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un “commodity” (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más “pragmático”: le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio amenazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China”, Raul Dellatorre en https://www.pagina12.com.ar/231461-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia-motivo-el-golpe (consultado el 17/11/2019).
[15] Cfr. La guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, José María Rosa.
[16] Es en este sentido en el que hacemos nuestra lectura del texto publicado por Álvaro García Linera: https://www.pagina12.com.ar/231456-el-odio-al-indio
[17]https://laverdadjuarez.com/index.php/2019/11/18/este-no-es-un-golpe-al-estado-es-a-los-pueblos/
[18] No es casualidad que esta “tregua” se caracterice por la injerencia de Estados Unidos en Medio Oriente justo al mismo tiempo que se recuperan sistemáticamente las democracias constitucionales en América Latina y que alcanzan, en varios lugares, gobiernos de cara progresista (Brasil, Argentina) o revolucionaria (Venezuela, mismo Bolivia).
[19] Para una caracterización breve de los principales actores del golpe ver: https://www.elcohetealaluna.com/retrato-de-una-oligarquia/. Aquí sostenemos que el golpe fue llevado adelante por facciones civiles, eclesiásticas y militares: un golpe cívico-eclesiástico-militar de Estado.